La chispa que encendió las protestas dentro de la Policía de Santa Fe fue una tragedia, un momento de extrema tensión que se desató el 2 de febrero pasado en la puerta de la jefatura de la Unidad Regional II, cuando el suboficial del Cuerpo de Guardia de Infantería Oscar Valdez, de 32 años, oriundo de Vera, tomó el arma de una compañera y se disparó en la cabeza, delante de decenas de colegas. Lo que siguió después fue un amasijo de reclamos razonables de parte de policías en actividad, que se mezclaron con maniobras que encendieron las alarmas en el gobierno provincial y que activaron, incluso, algunas teorías conspirativas. El punto de mayor ebullición fue el martes 10 de febrero a la madrugada, frente a la sede de la Jefatura de Rosario: luego que agentes en actividad reprimieran a quienes decían ser familiares y allegados de uniformados, un sector de la policía se acuarteló. A las 6 de la mañana había 20 patrulleros fuera de servicio, con las sirenas encendidas. A las 10, después de que hablara el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, eran 60 los patrulleros estacionados en señal de protesta. Y durante la tarde había 100 entre motos y autos. El gobierno santafesino ordenó el pase a disponibilidad de 20 agentes “rebeldes” y en la Fiscalía de Rosario informaron que se abrieron causas por incumplimiento de deberes de funcionario público. La tensión continuaba cuando se terminaba de escribir esta nota.
Las protestas de la policía siempre son caóticas, por la falta de interlocutores y porque las demandas son amplias, como en este caso. En eso incide la prohibición de sindicalización de las fuerzas de seguridad, como dictaminó la Corte Suprema de la Nación en 2020. Ese rasgo hace compleja la negociación, a diferencia de lo que sucede con un gremio. El anuncio que hizo el gobierno provincial el 6 de febrero, cuando adelantó que se iba instrumentar un plus salarial de 500.000 pesos para los agentes que trabajen en las principales ciudades y de 250.000 más para los choferes de patrulleros no logró desarticular un conflicto. En vez de atemperarse, creció. Por eso, en el gobierno hablaron de maniobras oscuras, de exmiembros de la fuerza y también en actividad enrolados, algunos de ellos, en partidos políticos que operaron por las redes sociales para aumentar el malestar.
En la gestión de Maximiliano Pullaro detectaron que en las redes sociales, fundamentalmente Facebook, se había desplegado una estrategia sofisticada. Se habían creado centenares de perfiles falsos con fotos reales de agentes, que estaban activos todo el tiempo, con posteos para que “el clima se enrareciera”, interpretaron en el gobierno provincial. Por ejemplo, aparecían fotos de pasacalles contra Pullaro, que eran falsos. Eran fotos trucadas con inteligencia artificial. Algo similar ocurrió con la viralización de las fotos de cuatro agentes que se suicidaron el año pasado. Como escribió Giuliano Da Empoli en La hora de los depredadores, se subía la “temperatura”, el clima se enrarecía sobre la base de un problema real, algo que el gobierno no pudo o no quiso prevenir a tiempo. Este capítulo, con la policía como protagonista, muestra cómo se mueve la política en las sombras, un recorrido por los subsuelos donde todos los partidos se mueven y nadie puede adjudicarse ser víctima.
La escena de la muerte de Valdez, que falleció el miércoles 4 de febrero, atravesada por la historia de este hombre oriundo del norte no es una excepción, sino un problema creciente dentro de las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales. Según datos de la Fiscalía de Rosario, en 2025 se suicidaron 17 efectivos. En Santa Fe, según señalaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el número también es significativo.
Más de un efectivo por mes decide quitarse la vida. Este drama silencioso se da en un contexto en el que la policía no tiene bajas ni heridos por enfrentarse con el crimen organizado ni presuntos delincuentes. El riesgo mayor está en otro lado. Es interior. El año pasado, el gobierno de Pullaro envió una señal a los policías, a quienes mostraba como sus aliados. Respaldó al suboficial del Comando Radioeléctrico Luciano Nocelli, quien había sido condenado en 2022 a 25 años de prisión por matar a dos asaltantes tres años antes, una decisión que luego la Cámara Penal de Rosario asimiló al absolver al policía. A través del caso Nocelli el gobierno hizo visible un respaldo a toda la policía, donde siempre sobrevoló el mito de que preferían no enfrentarse con los delincuentes porque ellos terminaban presos. En muchos casos tenía que ver con los negocios y las cajas negras que maneja la policía, como se detalla en el libro Rosario, con la historia del jefe policial que le da una clase de cómo pagar un soborno al líder de Los Monos, Claudio Pájaro Cantero.
El caso de Valdez era totalmente diferente. Era una persona querida en la policía y centenares de uniformados se sintieron identificados con su historia, porque la mayoría de los efectivos que patrullan las calles de Rosario y Santa Fe son oriundos del norte provincial. Este esquema no se pudo romper nunca, aunque lo intentaron en varias gestiones con incentivos que no consiguieron tentar a los rosarinos a ponerse el uniforme.
Gran parte de los uniformados tiene un régimen de trabajo de 12 horas de actividad por 36 de descanso. Todos los días el gobierno provincial solventa el traslado en 12 ómnibus de agentes que llegan a estas dos ciudades desde el norte santafesino. Algo similar ocurre con los agentes del Servicio Penitenciario.
Regresar desde Rosario a Vera, por ejemplo, lleva más de ocho horas, por las paradas y el deterioro de las rutas. La distancia es de 501 kilómetros. El viaje consume casi la mitad de las horas de descanso. Como contaron varios policías jóvenes, menores de 30 años, muchos deciden quedarse en Rosario. Hasta el 5 de febrero pasado, el alojamiento se lo tenían que solventar los propios policías. También los gastos de comida. Los problemas de salud mental, por el desarraigo y jornadas de trabajo sin descanso –algunos hacen jornadas de 24 horas para acumular un mayor tiempo de descanso- también esconden otro problema creciente y poco visibilizado, como el de las adicciones.
Cuando la tensión empezó a crecer, Pullaro decidió anunciar un plan de mejora salarial para aquellos policías que se desempeñan en las principales ciudades de la provincia. Esa misma tarde se difundió una serie de puntos de un plan de “bienestar policial”, cuyos principales ítems buscaban descomprimir la protesta. Al otro día, el ministro Cococcioni detalló en qué consistía el ofrecimiento en una conferencia de prensa, que no tuvo un tono beligerante, sino todo lo contrario. En un momento, el funcionario aclaró que el plan “no era definitivo”, dando a entender que aún había espacio de negociación. El gobierno ofreció un pago de 500.000 pesos de plus para aquellos agentes que se desempeñen en ciudades calientes, y 250.000 pesos para los choferes. También propusieron solventar el alojamiento en hoteles para los policías que viajen desde otras localidades, como sucede con las fuerzas federales que están dentro del llamado Plan Bandera.
La dinámica estuvo lejos de la postura más intransigente que hasta ahora tuvo la gestión de Pullaro con los docentes y estatales. Hubo un punto que fue clave: la policía nunca dejó de patrullar las calles de Rosario. No hubo abandono de tareas, a pesar de que la bronca era creciente. En el Ministerio de Seguridad lo podían chequear en tiempo real con la respuesta a los llamados del 911. Según fuentes oficiales, se mantuvieron en un promedio de 6.47 minutos de llegada al punto de demanda. El promedio general es de 7:10.
Enero fue un mes duro para la policía en la provincia. La mayoría de los agentes no se tomaron vacaciones, porque en el gobierno querían evitar que se resienta la presencia de efectivos en meses duros, como son los dos primeros del año. En Rosario se produjeron nueve homicidios en los primeros 30 días de 2026, una cifra baja si se la contrasta, incluso, con 2025, cuando hubo 22 crímenes, aunque el número de heridos de arma de fuego superó los 45.
Por eso, a pesar de las protestas, Pullaro buscó mostrarse flexible. La campaña electoral que lo llevó a la gobernación se basó en gran parte en dar una solución en materia de seguridad, y en los últimos dos años los crímenes descendieron con respecto a la dinámica de violencia narco que fracturó Rosario en la última década y media.
Una de las claves fue el retorno del control territorial de la policía a través del incremento de los patrullajes, en complemento con el despliegue de fuerzas federales en seis zonas críticas de la ciudad, donde los homicidios tuvieron un descenso del 22 por ciento en 2025, con respecto al año pasado, de acuerdo a las estadísticas que difundió la cartera de Seguridad Nacional.
La bronca de los agentes más jóvenes, que son los que están en su mayoría en la calle, era con los cuadros medios y altos de la fuerza, porque a la queja por los bajos salarios se suman reclamos por las condiciones de trabajo.
A la protesta genuina de los uniformados más jóvenes se sumaron, como ya ocurrió en otras oportunidades, familiares de policías que están detenidos o fueron pasados a disponibilidad. Ese grupo fue el que quedó durante unas horas frente a la jefatura de Policía después que se descomprimió el reclamo. Sectores del gobierno provincial notaron maniobras extrañas esa semana no dentro de las fuerzas policiales, sino por fuera.
