Los jugadores del Barcelona, entre los que se encontraba Lionel Messi, esperaban que dos personas abandonaran la pileta del exclusivo hotel en Dubai. Los futbolistas estaban ansiosos por refrescarse, pero querían privacidad. Y no podían zambullirse porque el entonces gobernador Antonio Bonfatti y quien era el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, conversaban con el agua al cuello. Con esa escenografía, recargada de lujo y tonos dorados, ambos sellaron a mediados de mayo de 2013, según señalaron varias fuentes del PJ y del PS, cómo se equilibraría el poder en Santa Fe, donde el Frente Progresista gobernaba pero tenía minoría en ambas cámaras. En ese momento el peronismo contaba con capacidad de acción a pesar de haber perdido el poder, tras 24 años. Los senadores (once de ellos peronistas en esa época) pasaron a convertirse en virreyes dentro de la provincia y, sobre todo, en sus departamentos, con una asignación en el presupuesto de 378.500 dólares al año sólo en subsidios de los que no debían rendir cuentas a nadie.
Armando Traferri, uno de los máximos referentes del PJ en el Senado, se constituyó en ese momento en una garantía de gobernabilidad. El saco de opositor quedó colgado hasta que el peronismo volvió al poder en 2019, con Omar Perotti, y unos meses después el legislador de San Lorenzo se transformó en un oponente interno de peso, una reacción bastante común en el PJ. Al principio de su gestión, y a pesar de la pandemia, existía también otro contexto nacional, con Alberto Fernández convertido en el “Profe Alberto”, que daba extensos discursos sobre el impacto del Covid con las filminas. El miedo y la incertidumbre de la población le dio por unos meses un apoyo pocas veces visto, al llegar a tener un 80 por ciento de imagen positiva, algo que se iba a derrumbar con la fotografía de la fiestita en Olivos.
En la campaña electoral del 2019 del peronismo santafesino, Traferri acerco a un hombre que venía del bajo mundo, que se había hecho millonario con la recaudación que engrosaba con las maquinitas de póker y los casinos electrónicos que había diseminado no sólo en Rosario, sino en otras provincias, como Chaco, Formosa y Misiones, y también en Paraguay. Leonardo Peiti descubrió un negocio millonario de casualidad. Su padre, histórico levantador de quiniela clandestina, había comprado un pool en la zona sur y él puso una máquina, en ese momento muy precaria, de apuestas. Fue un éxito y las empezó a fabricar y llevar primero a Roque Sáenz Peña. Se dio cuenta que su clientela eran los pobres. Los jornaleros se quemaban la plata en las maquinitas. Cada maquinita recaudaba unos 3000 dólares.
Una década y media después, Peiti quería dar el salto a la legalidad. Desde 2016 el juego clandestino había dejado de ser una contravención y se había transformado en un delito penal. Pero más allá de esto, que podía ir preso, Peiti pretendía que Perotti le adjudicara el juego online. Para esa misión, y antes de que el contexto político interno en el PJ cambiara, Peiti aportó –según declaró en el juicio- 200.000 dólares a la campaña de Perotti, a través de Traferri, quien era su lobista. En el medio pasaron cosas: la pandemia transformó a las apuestas virtuales en un negocio codiciado por los grandes jugadores, como Cristóbal López. Durante el encierro por el Covid, Perotti firmó el decreto N°1451 el 20 de noviembre de 2020 y le otorgó el juego virtual –sin licitación- a los casinos de Santa Fe, Rosario y Melincué.
Ese fue el contexto del único caso de corrupción política que se investigó en la justicia provincial. En Santa Fe no hay registros de otras causas relevantes en las que la política quede salpicada. No porque no existan, sino porque nadie las investiga. Es parte de un pacto político transversal que hasta ahora nunca se quebró. La excepción fue el caso de Traferri, y dentro del propio peronismo.
El viernes 7 de noviembre el exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a nueve años de prisión, tras un extenso debate en el que afloraron otras internas despiadadas como la del MPA. No estaba en juego sólo la libertad de Serjal, sino la culpabilidad de Traferri, aunque no estuviera sentado en el banquillo de los acusados. Porque este caso era clave para el futuro del senador por San Lorenzo, que con habilidad tejió un nuevo acuerdo político para sobrevivir con la flamante camada dentro del peronismo, como es Ciudad Futura, al renovar la frase del Eternauta trasladada a la política: “Lo viejo funciona”. Traferri no sólo tenía vínculos con Peiti, que manejaba el juego clandestino, sino que era quien sostenía a la Brigada de Drogas Peligrosas, que nadie nunca tampoco investigó en profundidad, pero que fue parte del esquema narco que se gestó y golpeó a Rosario en la última década y media.
El fallo de los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra es cuidadoso con los términos en materia judicial, sobre todo cuando se refiere a Traferri, aunque hay tramos en los que trasciende un escenario que está alejado de lo que plantean los medios y una clase política que sólo discute en época de campaña. En otra época, en la que la población estaba interesada en los asuntos públicos y no tan entusiasmada por ver perritos y gatitos en las redes sociales, esto hubiera sido un escándalo. Nadie de la política se dio por aludido. Como ocurrió con Fred Machado, cuando se descubrió que había financiado la campaña de José Luis Espert, la población otorga inmunidad con indiferencia. Traferri fue reelecto senador en 2023 y fue clave este año en la reforma de la Constitución para que se estableciera la cláusula de la reelección, al aprobar al inicio el reglamento para la votación que estableció que sólo bastaba una mayoría simple. En los medios de comunicación tradicionales el nombre de Traferri sólo aparece con gacetillas domésticas, despegado de estas tramas oscuras.
“La pata política que se señaló liderada por el senador Traferri, junto а su entorno de colaboradores, se encargaba de la recaudación política y del uso de su influencia para construir la red de cobertura. El rol fundamental de Traferri fue vincular a Peiti, el organizador del juego clandestino y responsable de la recaudación, con la pata judicial. Esta última, organizada por Serjal e integrada por (Gustavo) Ponce Asahad y (Nelson) Ugolini, quienes cumplían la función esencial de brindar protección judicial en materia penal a Peiti a cambio de dádivas o “cuotas” de dinero”, señaló el fallo.
“El acuerdo se consolidó mediante la filtración de información reservada sobre allanamientos, investigaciones y el entorpecimiento o frustración de medidas judiciales, asegurando la impunidad del negocio ilícito. A cambio, Peiti, que colaboraba generosamente con las campañas y actividades políticas de Traferri, proveía el flujo financiero ilícito que la organización buscaba usufructuar”, agregaron los jueces. Era lo que habían alegado en el juicio los fiscales Marisol Fabro y José Luis Caterina.
La defensa de Serjal apuntó desde un principio para correr el foco contra Matías Edery, quien junto con Luis Schiappa Pietra fueron los que investigaron este caso. Más allá de las desprolijidades, la recompensa que recibieron, sobre todo Edery, fue pasar a estar del otro lado del alambrado: ser acusado en una causa en Santa Fe por no investigar a una testigo –hoy presa- Mariana Ortigala, quien pegó el salto de la banda de Esteban Alvarado a Los Monos. La condena a Serjal es una reivindicación a esa investigación, que puso el foco en un caso de corrupción, una rareza en Santa Fe.
Ahora Traferri ve con atención una causa que no tiene nada que ver con la provincia: el caso de los cuadernos de las coimas. Como su situación es muy complicada aspira a una salida por la tangente. Sus abogados estudian como estrategia argumentar que el dinero que aportó Peiti para la campaña sólo representa un delito de índole electoral. Esa fue la alternativa que encontró Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, para sortear la figura de “cohecho activo”. Planteó que no pagó sobornos para que le den obra pública, sino que hizo aportes de campaña de índole privada sin registro. Los sobornos que en la mano de René Lavand que se transforman en miguitas de pan.
Cuando realizamos una investigación junto con el colega Hugo Alconada Mon en el diario La Nación sobre el entramado narco en Rosario, consulté a Perotti si había recibido dinero de Peiti para la campaña. El exgobernador negó lo que había declarado el empresario. El Zar del Juego dijo además que se reunió en el apart Urquiza con Roberto Mirabella quien, cuando fue consultado el martes pasado, negó que haya mantenido ese encuentro y que ese sector político haya recibido dinero de Peiti. Y recordó que en 2021 se presentó ante los fiscales Edery y Schiappa Pietra para que le informaran si estaba siendo investigado. La respuesta de los funcionarios del MPA al entonces senador nacional se centró en que era “insuficiente” esa declaración “para construir una hipótesis de investigación criminal”.
Todo quedó centrado en Traferri y no se logró avanzar sobre un entramado que tenía que ver menos con el juego clandestino y mucho con el financiamiento de la política. La Legislatura moldeó los anticuerpos para que eso no sucediera, al tener el control de las investigaciones contra los propios fiscales. ¿Quién iba a investigar a alguien que tiene las herramientas para sancionarte? Ocurrió con Edery y Schiappa Pietra, que más allá de las desprolijidades, fueron quienes avanzaron por primera vez en una causa que tenía a la política como protagonista. Fueron apartados de la Unidad de Criminalidad Organizada, que llevó a juicio casos emblemáticos como el de Esteban Alvarado, que fue condenado a prisión perpetua. Edery terminó con una causa abierta por favorecer supuestamente a la testigo Ortigala, un caso que aún no está resuelto, pero que por ahora muestra que no existió protección por parte de los funcionarios de esa unidad. ¿Quién va a investigar los vínculos del crimen organizado con la política o las tramas de corrupción? Aquellos que avanzaron en esa dirección terminaron excluidos por el propio sistema. La llegada de Serjal a la Fiscalía Regional muestra que los intereses políticos transversales buscaban a alguien que metiera las patas en el barro para favorecer a los acusados en la megaestafa inmobiliaria que se gestó en la Torre Aqualina. Serjal lo consiguió, pero se excedió en sus atribuciones y terminó preso.
