Juan Carlos Venesia fue presidente de Aguas Santafesinas (Assa) en 2006, durante el último mandato de Jorge Obeid, y hoy ocupa el rol de director ejecutivo del Programa de Infraestructura Regional para la Integración de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y lidera desde hace 25 años la Fundación Instituto de Desarrollo Regional de Rosario (IDR).
El perfil de Venesia conjuga algo que no abunda en las estructuras políticas actuales y lo convierte en un actor relevante a la hora del análisis: experiencia legislativa, consultoría privada, gestión de empresas públicas y conocimiento técnico sobre las áreas que condujo.
En la entrevista que mantuvo con Iceberg retomó algunas de las argumentaciones que el arquitecto Juan Manuel Rois hizo respecto a los reservorios de agua en el Área Metropolitana de Rosario (AMR) en una entrevista anterior y amplió el rango de preocupación sobre la expansión de la huella urbana e industrial más allá de la franja Fisherton/Funes/Roldán.
El director general de la Fundación IDR identificó tres ejes que explican los problemas de infraestructura del AMR: inexistencia de un programa de desarrollo (nacional y provincial) que ofrezca opciones para diversificar inversiones más allá de la compra y loteo de tierras y construcción de viviendas (horizontales y verticales), escasa o nula gobernanza de la provincia sobre el proceso de expansión urbano e industrial por décadas y, como consecuencia de esto, una planificación deficiente que se delegó en municipios, comunas y privados que condujeron ese crecimiento priorizando sus intereses circunstanciales y particulares.
Si tuvieras que hacer una evaluación general, de trazo grueso, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el AMR en la actualidad?
El problema es que a esta altura estamos lidiando con consecuencias, no con causas. Nos encontramos en una situación en la que los mecanismos institucionales para ordenar y planificar obras de infraestructura quedaron desbordados. El área ha crecido más allá de la capacidad de las instituciones existentes para gestionarla eficazmente. Por un lado, la planificación territorial está delegada en diferentes jurisdicciones que actúan de forma independiente, sin una política de uso de suelo común. Esto lleva a una competencia entre municipios y comunas por atraer inversiones privadas, como loteos y parques industriales, sin considerar las consecuencias a largo plazo de ese desarrollo. La ausencia, histórica, de una gobernanza efectiva del área metropolitana [por parte de los distintos gobiernos provinciales] se traduce en una incapacidad para gestionar las consecuencias del crecimiento que se fomenta entre las jurisdicciones del Gran Rosario y los emprendimientos privados que ante la falta de un modelo de desarrollo claro (ya no a nivel provincial, sino de escala nacional) buscan colocar sus excedentes en desarrollos inmobiliarios o industriales desde Timbúes al sur de la provincia y desde Rosario al este.
La falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la academia y el sector privado es el mayor problema a nivel macro porque dificulta la implementación de políticas públicas efectivas. Mientras tanto, los proyectos para desarrollo de la tierra siguen adelante y cuando aparecen los problemas, en su mayoría de carácter hídrico, empieza una danza entre privados, municipios, comunas, empresas de servicios y estado santafesino para ver quién paga la cuenta de las obras de infraestructura. Básicamente, lo que tenemos es una multitud de jurisdicciones dentro del AMR, cada una con sus directivas, acciones y efectividad para la concreción de sus objetivos. La provincia no ha podido gestionar una política de uso del suelo para estos territorios interconectados en los últimos 20 a 25 años. La reforma constitucional que se va a llevar adelante es una gran oportunidad para subsanar este déficit y espero sea tenido en cuenta por los convencionales que sean electos en abril. A lo sumo, un artículo que incorpore las posibilidades de desarrollo y que le eliminen al estado provincial cargas que hoy no está en condiciones de asumir y en el cual podamos ordenar la gobernanza territorial en Santa Fe para optimizar los recursos del sistema, fundamentalmente los recursos privados. Hay que evitar que los sectores medios vean afectado su capital ante la falta de condiciones reales a la hora de hacer urbanismo producto de la especulación de sectores empresariales. Especulación que se da, en parte, por la imposibilidad de diversificar sus excedentes fuera de los negocios que se ponen de moda como los loteos de tierras en el AMR. Ahora bien, esto no significa que el Estado provincial tenga que desentenderse o retirarse de este proceso. Lo debe conducir, pero desde una nueva institucionalidad, con una lógica metropolitana en serio y con cuadros técnicos en los lugares de planificación y decisión que entiendan de estas problemáticas. Lo que existe hoy en día está desbordado.
¿Podés poner algunos ejemplos específicos de esa falta de coordinación y planificación que mencionabas antes?
Tomemos el tema del saneamiento de aguas residuales. El principal proyecto de saneamiento de los últimos 30 años fueron los caños troncales Rosario Este-Funes, que implementé como presidente de Assa en 2007. No ha habido un proyecto de esa magnitud desde entonces, e incluso ese desarrollo de infraestructura había quedado obsoleto cuando se terminó debido al crecimiento acelerado de la ciudad. Los barrios abiertos y privados y los parques industriales en la zona de Funes y Roldán, sobre tierras pensadas para el escurrimiento de agua o bien para contener potenciales desbordes de la cuenca del Ludueña, son otro ejemplo de falta de planificación provincial. Los municipios, en su afán de mejorar su recaudación impositiva y modernizar su infraestructura, establecieron acuerdos con privados para el loteo de esas tierras inundables y establecieron como contrapartida pavimentación de calles de tierra, accesos y obras menores. Hoy Funes está en gran parte pavimentada producto de estos acuerdos entre sector público y privado, pero el problema hídrico que comparte con el resto de las localidades que dependen de la cuenca del Ludueña persiste y la discusión pasa por saber quién paga la cuenta de las represas necesarias para evitar inundaciones. ¿La tienen que pagar los municipios, los privados que se beneficiaron de esos desarrollos o todos los santafesinos?
Otro ejemplo: en la actualidad el 75 por ciento de la infraestructura portuaria de la provincia se concentra entre San Lorenzo y Timbúes. Esto además de generar discusiones respecto al impacto ambiental, ya que los barcos cada vez precisan de mayor calado para operar, produce enormes problemas de movilidad para quienes viven en la zona como consecuencia del tránsito de camiones en épocas de traslado de granos a las terminales exportadoras. El deterioro de rutas provinciales y nacionales que no tienen capacidad para absorber ese volumen de tránsito pesado estacional es otro problema de falta de planificación. Esa concentración en el departamento San Lorenzo, a su vez, evita el desarrollo del verdadero frente fluvial e industrial que se ubica del puerto de Rosario hacia General Lagos y que ocupó esa centralidad entre 1970 y 2010. La falta de competitividad ha deteriorado la infraestructura que hoy es obsoleta y en otros casos ociosa, como el aeropuerto internacional de la ciudad.
¿Cómo impacta todo esto que enumerás en la calidad de vida de las familias que residen en las localidades satélite a Rosario?
Crea una situación en la que tenemos más desarrollos habitacionales de los que podemos atender adecuadamente con infraestructura como agua, saneamiento, transporte y servicios de todo tipo. Esto genera que se resienta la calidad de vida de las familias que optaron por irse de Rosario, que demandan las mismas condiciones de vida en las localidades a donde migraron. Ese traslado de familias rosarinas al AMR, a su vez, produce un proceso de desvalorización de las propiedades en la ciudad. Es cuestión de observar el movimiento de precios en el mercado inmobiliario local. Ese desbalance entre Rosario y su área metropolitana necesita ser ordenado, gobernado, desde una lógica metro. El AMR tiene un tremendo potencial de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, insisto con esto porque es fundamental: debemos abordar los desafíos de la gobernanza y la planificación para garantizar que este crecimiento sea sostenible y beneficie a todos los residentes. Necesitamos ir más allá del actual enfoque fragmentado y crear un modelo de crecimiento más coordinado y sostenible.
