A dos años del crimen del barra de Rosario Central, la Justicia federal va por la fortuna que habría levantado con extorsiones a la construcción y negocios con el futbol. Nada estaba a su nombre.
La herencia de Pillín: el imperio sin nombre que sobrevivió a las balas
A las 7.05 del 28 de septiembre pasado los gendarmes entraron al lote 21 de la calle Los Carpinteros, en el country Los Álamos de Ibarlucea. La casa dormía. En la habitación principal estaba Agustina D., la última pareja de Andrés “Pillín” Bracamonte, con su hija. En otro cuarto, Luca, el hijo menor del exjefe de la barra brava de Rosario Central, que acaba de cumplir 18 años. En el último, Andrés Guillermo, el mayor, de 27, que ante los gendarmes dijo ser empresario. Su teléfono no estaba. Explicó que lo había perdido la noche anterior, en el circo. La ventana del cuarto estaba abierta. Los gendarmes rastrillaron el parque y en el terreno vecino, sobre el pasto, apareció un iPhone 17 Pro Max azul oscuro. En la funda transparente había una foto pequeña: él y su novia. Le preguntaron si era suyo. Dijo que sí. El acta no explica cómo llegó hasta ahí.

En el vestidor, dentro de una bolsa, había un Rolex GMT-Master II que todavía funcionaba, mezclado con relojes Swatch, dos medallitas de la Virgen Niña y una cadenita con una cruz de piedras. En el ropero de otro cuarto, un segundo Rolex. En el frente, una Yamaha R1 roja y negra, una Ford Ranger Raptor y una Toyota Hilux. En dos sobres, $543.300 en efectivo. En una cartera de jean, otros $634.250.
El operativo fue uno de los allanamientos simultáneos que ordenó el juez federal Walter Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a pedido de cuatro fiscales: Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y Federico Reynares Solari, de la Unidad Fiscal Rosario. Los gendarmes golpearon además la casa de Natalia S., exesposa de Bracamonte, en Álvarez Thomas al 1800; dos domicilios de Granadero Baigorria y la nueva sede de la empresa ATE Servicios Integrales, en San Lorenzo. Los fiscales piden embargos por hasta $600 millones.
Hay un problema que el derecho resuelve con frialdad: el principal acusado no puede ser juzgado. Por eso los fiscales pidieron el sobreseimiento de Bracamonte por fallecimiento, pero también la aplicación del artículo 305 del Código Penal, que permite el decomiso de bienes de origen ilícito sin necesidad de una condena. Pidieron que intervengan los herederos y la Defensa Pública, porque una de las hijas es menor de edad.
El 9 de noviembre de 2024, después del partido entre Central y San Lorenzo, Bracamonte fue emboscado a la salida de la cancha junto a Daniel “Rana” Attardo, su ladero. Los dos murieron baleados. No fue una sorpresa para nadie, tampoco para él. En agosto había sobrevivido a un atentado. En octubre le había dicho a LA NACION que la banda Los Menores, liderada por Matías Gazzani, que sigue prófugo, lo quería matar.
La hipótesis principal es que el crimen buscó traspasar los negocios de la barra a ese grupo. Casi dos años después, ni los tiradores ni quienes dieron la orden fueron identificados. El caso del asesinato está estancado. El del dinero, en cambio, se mueve.

Para los fiscales, la fortuna de Pillín no salió de la tribuna, o no solo de ahí. Salió del barro de las obras del cordón industrial. Según la acusación, Bracamonte selló una alianza con Carlos Vergara, entonces titular de la seccional Rosario de la Uocra. La barra ponía el miedo; el gremio, la llave de la obra.
A las constructoras se les imponía la contratación, sin competencia, de baños químicos y viandas que proveían las empresas de la organización: Vanefra SRL, rebautizada ATE Servicios Integrales en 2021, y Ferce SRL. Además se les cobraba un “libre deuda sindical local” y se las obligaba a sumar a la nómina a personas que la organización designaba y que no trabajaban.
El club era la otra caja. En 2019 Bracamonte fundó Ruffino SAS junto a Sergio Quiroga, intendente del estadio de Central. El 87% de lo que facturó esa sociedad lo pagó el propio club, según la acusación provincial: contrataciones directas sin concurso de precios, la empresa de seguridad privada desplazada para reemplazarla por personal informal facturado a través de Ruffino, facturas por indumentaria y artículos de bazar que nadie pudo respaldar. También aparece en el expediente el representante de futbolistas Jorge Bilicich, que según la imputación fue intimidado para entregar dos cheques por $1.320.060, parte de su comisión por la transferencia del defensor Gastón Ávila a Boca.
Las sociedades se multiplicaban como sucursales: Vanefra y Ser-Eco en 2017; Ruffino y Kabrasi, dedicada a la venta de combustible para buques, en 2019; B+D Logística en 2021; Welding & Company, una firma de ingeniería para la industria petroquímica, en agosto de 2023, tres meses antes de su detención.
El 29 de noviembre de 2023 cayeron Bracamonte y Vergara. En el lote 21 del country de Ibarlucea la policía encontró $6 millones y un sobre de papel madera con el logo de la Uocra. En la casa del sindicalista, 39.130.450,US18.300, una escopeta e inhibidores de señal. La Justicia santafesina ya condenó en juicios abreviados a cuatro integrantes de la estructura gremial: Carlos Pérez, Cristian Díaz, Juan Manuel Enríquez y Horacio Manzo.
Ante el fisco, Pillín era casi un pobre. Monotributista categoría F, con una actividad declarada de “venta al por menor de indumentaria deportiva” sin movimientos y un tope anual de facturación de $8 millones. En una década recibió $7.148.702 como empleado de la firma ATE. Su domicilio fiscal era un departamento de un monoblock de calle White. No tenía un solo inmueble a su nombre.
Pero entre 2013 y su detención registró 46 cruces migratorios: Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Cuba, México, República Dominicana, Panamá, España. Y vivía en el country Los Álamos, en una casa de cuatro habitaciones, quincho y jardín de invierno, que figuraba a nombre de Eduardo Langhi. Según los fiscales, Langhi fue un comprador interpuesto: la escritura de 2018 declaró un precio de US$120.000 que no reflejaba el valor real, y el dinero lo puso Bracamonte. Natalia D., siempre según la acusación, recibía de su pareja las órdenes sobre refacciones, muebles e impuestos, se las trasladaba a Langhi y le reportaba los avances.
El 28 de septiembre los gendarmes encontraron a Langhi en una casa de dos habitaciones en Granadero Baigorria. En la puerta tenía un Fiat Palio.
La flota de autos del hombre sin bienes era otra cosa. Vanefra compró en 2018 un BMW M2 Coupé cero kilómetro, valuado hoy en $81,5 millones, con cédula azul para Pillín y para su hijo. En 2022, ATE sumó una Amarok Extreme V6. En la Prefectura estaba inscripta una moto de agua Sea-Doo bautizada “La Pitufina”. Andrés Guillermo compró en 2017, a los 18 años, un Volkswagen Scirocco cero kilómetro; en 2023, una Yamaha R1. Salas, la exesposa, tenía tres departamentos en el edificio Altos Alberdi, en Doctor Vila al 700, licencias de taxi y un BMW 125i comprado cero kilómetro en 2013.

Un Chevrolet Cobalt, por ejemplo, pasó en 2018 de Bracamonte a su suegra y de su suegra a Salas en ocho días. Pillín estaba autorizado a manejar casi todos. Los fiscales lo resumen con una fórmula seca: la brecha entre lo declarado y lo que se usaba.
El 16 de noviembre de 2024, una semana después de la emboscada, se inscribió a nombre de Natalia D. una Toyota Hilux con domicilio en el lote 21. Esta mujer ya era socia gerente de ATE Servicios Integrales: había recibido las cuotas de Fernando Rigiracciolo en agosto de 2023 y fue designada gerente el 28 de noviembre de ese año, un día antes de las detenciones. Para los fiscales, desde ese lugar administró los bienes de una sociedad comprada con dinero de las extorsiones.
A comienzos de 2025 la empresa mudó su sede a Alemania 1181, en San Lorenzo, y siguió trabajando con unos 80 clientes. Cuando llegaron los gendarmes había una encargada y cuatro empleados. Adentro no encontraron nada de interés. Afuera, estacionado en la vereda, estaba un Chevrolet Prisma blanco inscripto a nombre de Pillín. La encargada dijo que lo usaba ella. El auto del muerto seguía haciendo mandados.
En marzo de 2025 caducó el embargo que pesaba sobre el Scirocco. En abril el auto se vendió a un tercero y uno de los departamentos de Doctor Vila se transfirió a otro titular. En julio de este año Salas alquiló otro departamento en el mismo edificio. En su casa de Álvarez Thomas, que tiene quincho con pileta, los gendarmes encontraron en la cochera un Mini Cooper y otro Prisma, los dos en la lista de secuestros. La Amarok Extreme, comprada cero kilómetro en 2022, no apareció en ningún lado.
Desde octubre de 2025, ATE tiene una veedora judicial, la contadora María Alejandra Bottoso, designada por un acuerdo entre la fiscalía provincial y la defensa de Diale.
La Procelac abrió una investigación preliminar en diciembre de 2023 y denunció el lavado en febrero de 2024. Un juez provincial entendió que ese delito correspondía al fuero federal; la Cámara santafesina dijo lo contrario. El 26 de diciembre de 2025 la Corte Suprema zanjó la disputa: el lavado es un delito autónomo y lo investiga la Justicia federal. En agosto pasado los fiscales delimitaron el expediente. En Rosario, el fuero federal se queda con el lavado atribuido a Bracamonte, Salas, Andrés Guillermo Bracamonte, Rigiracciolo, Diale, Langhi y las empresas Vanefra y ATE. La asociación ilícita, las extorsiones, la administración fraudulenta que se le imputa a Quiroga y la falsedad ideológica atribuida a Langhi vuelven a la Justicia provincial. Todos los imputados conservan la presunción de inocencia.
Bracamonte construyó su fortuna como su poder en la tribuna: con otros nombres adelante. La casa del country era de Langhi; el BMW, de una empresa de baños químicos; los departamentos, de su exmujer; la moto, de su hijo. Ese método, que durante años lo protegió de los registros, hoy es el mapa que siguen los fiscales. Nadie sabe todavía quién lo mató. Pero en el vestidor del lote 21, entre medallitas de la Virgen Niña, el Rolex seguía andando.
