Ese trabajo de “marcar” es vital para confirmar un búnker que después va a ser allanado. En ese terreno abunda la informalidad no sólo de los dealers o los tranzas, en su mayoría marginales, personas fracturadas por el consumo de drogas, sino también de los agentes de las fuerzas de seguridad, sobre todo federales –que en su mayoría provienen del norte argentino-, con salarios que muchas veces no superan el millón de pesos.
Rodolfo Manfredi, un muchacho de 30 años oriundo de Tucumán, fue acribillado en un pasillo de Villa Banana el 11 de junio pasado en esa circunstancia. Su compañero Emilio Gómez Villafañe fue gravemente herido y salvó su vida de milagro. Ninguno de los dos usaba esa noche chalecos antibala ni uniforme, porque hacían de “fisuras” para ir a marcar el búnker que manejaba con terror el clan Muñoz, tres hermanos que pertenecían a la capa más baja del narcomenudeo y que tras la caída de los Saravia, veteranos de esa geografía carcomida por la cocaína barata y la pobreza, quedaron a cargo de varios puntos de venta. “Los Muñoz son unos descerebrados que tenían atemorizados a todo el barrio. Cuando cortaban merca (la fraccionaban) cerraban esa parte de la villa, donde nadie podía salir ni entrar. Se quedaron con las casas de casi todo el pasillo. Si no trabajabas para ellos te tenías que ir y dejar todo”, describió un vecino.
Manfredi y Gómez Villafañe hacían de “fisuras”, pero no lo eran, según otros compañeros que habían compartido unos días de trabajo en Rosario, un lugar que no conocían como para mandarse a las 11 de la noche a un pasillo de Villa Banana. Los había enviado la jefa del servicio del Plan Bandera de la PFA en Rosario, ayudante Macarena Abigail Ortiz. Los audios que comenzaron a circular tras la muerte de Manfredi hablaban de “hacer positivos”. Significa sumar supuestos procedimientos exitosos para la estadística. Ante los magros salarios, congelados por el gobierno nacional, “están pagando un plus” por “positivo”, coincidieron varias fuentes. La precariedad de los narcos se trasluce en el Plan Bandera, que se presenta como un éxito por la baja de los homicidios, que es real, pero que ese resultado está atravesado por otras texturas más complejas, que se viven en el interior de los territorios más complicados, atravesados por una indigencia que roza lo inhumano. La precariedad del trabajo de los agentes federales se acerca también a un costado oscuro. Los viernes y sábados en los búnkeres de Tablada se ven varios gendarmes haciendo caja, advirtió una fuente del barrio. Eso genera tensión. Porque hay varias bocas de la corrupción para alimentar.
Siempre hay pérdidas que forman parte de la dinámica del negocio narco. Es más benigno para los narcos “entregar” a la policía un búnker de venta de drogas, con unas pocas dosis de cocaína berreta, adulterada, adaptada al mercado popular, que resistir a los tiros, y aferrarse a algo que pierde sentido si se lo ve en proyección. Mucho peor es ir preso.
El “kiosco” se reabre en otro lugar inmediatamente. La resiliencia de ese negocio rústico y marginal es casi inmediata. Ese no es el problema. Con los Muñoz en Villa Banana era diferente. Se creían los dueños de una parte del barrio, al que tenían aterrorizado.
Los Muñoz eran amos y señores, y ante el retroceso del Estado en ese lugar, ponían sus propias reglas, siempre con crueldad: a un vecino que se negó a vender drogas para ellos le cortaron un dedo con una tenaza.
El barrio conocido como Villa Banana, en el sudoeste de Rosario, donde viven unas 7000 personas, tiene sus propias leyes. Sus pasillos angostos —demasiado angostos para que entre un patrullero— funcionan como trincheras, aunque una parte importante se urbanizó a través de un plan municipal que comenzó en 2016. Estos cambios mejoraron en un sector la vida de los vecinos. Otro sigue envuelto en la violencia que supura de esa criminalidad marginal.
Los vecinos de ese extremo del barrio saben quién manda, quién vende y quién vigila. Y saben, sobre todo, que hablar tiene un precio. Esa geografía del miedo es el sustento de una organización narco que sobrevivió dos condenas judiciales, se reorganizó en tiempo récord y el 12 de junio de 2026 demostró de lo que era capaz: en menos de once minutos detectó a tres policías federales que patrullaban de civil, los identificó, los cercó con un grupo de al menos diez personas y los atacó a tiros.
La investigación judicial que reconstruye el crimen —que llevaron adelante los fiscales Diego Iglesias, Matías Scilabra y Gonzalo Ruggeri— permite vislumbrar esa arquitectura criminal. En el centro de toda la trama, aparece un apellido que se repite: Muñoz.
Para entender quiénes son los Muñoz hay que remontarse a Dalmacio Saravia, el hombre que construyó el primer andamiaje narco en Villa Banana, ligado a Máximo Ariel Cantero, conocido como El Viejo, el fundador de la banda Los Monos, un hombre que nunca salió de ese andurrial precario atravesado por una violencia extrema. Hoy los soldaditos del Viejo se siguen moviendo a caballo en Vía Honda, como hace 25 años. Es el western
En diciembre de 2023, la Justicia Federal de Rosario condenó a Dalmacio Saravia, de 60 años, a ocho años de prisión por tenencia de estupefacientes agravada. En la misma sentencia cayeron su hijo, Leonardo Saravia, con cuatro años, y Eduardo Rodolfo Muñoz —su cuñado— también con cuatro, como partícipe secundario en la comercialización.
Pero la organización no quedó desarticulada con esa sentencia. En agosto de 2024, ocho meses después de la condena, se secuestraron más de dos mil envoltorios de cocaína y un trozo compacto de trescientos gramos en Rueda y las vías férreas —a metros del territorio de siempre. En febrero de 2025 nuevos allanamientos en el bulevar 27 de Febrero confirmaron que la maquinaria seguía en marcha. En noviembre de ese año, un segundo juicio condenó a Dalmacio Saravia a ocho años más, esta vez junto a Marianela Muñoz —su concubina—, quien recibió tres años en suspenso por integrar la organización en el barrio Villa Banana.
Las investigaciones habían revelado algo más que una sociedad criminal entre Saravia y Marianela: ella era la encargada de las tácticas de contrainteligencia. Ocultaba pruebas, coordinaba alertas para que la banda no fuera desbaratada. La extracción forense de sus celulares fue determinante. Los registros del Sistema Único de Visitas del Servicio Penitenciario confirmaron que Marianela figuraba como concubina de Saravia —alojado en el CPF II— y, al mismo tiempo, como hermana de Eduardo Muñoz, también detenido en esa unidad.
Ese dato genealógico lo dice todo: Marianela Muñoz era el eslabón entre Saravia y su propio hermano menor, Eduardo Rodolfo Muñoz. Y Luis Miguel Muñoz, uno de los dos imputados en la causa por el asesinato del agente Manfredi, es hermano de ambos. Todos están ahora detenidos.
El fenómeno que describe el expediente es clásico en el estudio de la criminalidad organizada: cuando el líder cae, la estructura no colapsa, se reconfigura. Quienes ocupaban posiciones periféricas o de segundo nivel ascienden por designación interna, por imposición violenta o por acumulación de poder propio. En 2023 Eduardo Rodolfo Muñoz era considerado un partícipe secundario, un integrante fungible. Hoy, según la fiscalía, es el organizador de la banda: se encarga de recibir el “material”, acopiarlo y distribuirlo en los puntos de venta.
Los investigadores de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la PFA recogieron el testimonio de vecinos que, por miedo a represalias, no quisieron aportar sus datos: después de que detuvieran a Saravia, “Eduardo Rodolfo Muñoz, hermano de Marianela, con su grupo familiar comenzaron a tener poder dentro del barrio y de forma intimidatoria amenazaban a vecinos con el fin de apropiarse de sus viviendas. Muchos de estas personas, si no se iban de las casas, eran obligados a ser parte de la organización en estamentos inferiores, como vendedores, soldaditos y satélites”.
Según la PFA, la organización actual responde a la conducción de Eduardo Muñoz y a personas apodadas “El Colombiano”, “Walter Diente de Lata”, “Toto”, “Bebe” y “Mojarra”. También aparece mencionada una mujer conocida como “Liliana”, a quien le entregan el dinero recaudado de la comercialización en el barrio.