El decomiso de bienes, un debate dormido por mucho tiempo
Un juez federal ordenó quedarse con patrimonio de Pillín Bracamonte pese a que murió sin ser juzgado. Hace diez años, la Justicia santafesina devolvió la casa del Pájaro Cantero por la misma razón.
En abril de 2016 tres jueces santafesinos firmaron un fallo que en su momento se presentó como inédito. Decomisaron siete inmuebles, 55 vehículos —entre ellos lanchas y una moto de agua— y cinco licencias de taxi de Los Monos. Pero en ese mismo fallo dejaron afuera una casa en Regimiento 11 y Pueyrredón y un auto que estaban a nombre de Claudio “Pájaro” Cantero, el líder de la banda asesinado en mayo de 2013. Los jueces José Luis Mascali, Edgardo Fertitta y Julio Kesuani entendieron que su muerte impedía sostener una sanción penal a favor del Estado. Los bienes volvieron a sus titulares registrales o a sus deudos. La Cámara de Apelación confirmó después el decomiso del resto de los bienes. No hay registro público de que la fiscalía haya discutido la devolución de la casa del Pájaro.
Diez años después, el juez federal Carlos Vera Barros resolvió lo contrario en un caso parecido. El martes pasado ordenó el decomiso sin condena de una Ford Ranger, la casa de Álvarez Thomas 1870 y las participaciones de Andrés “Pillín” Bracamonte en seis sociedades. El jefe de la barra de Rosario Central fue asesinado el 9 de noviembre de 2024 sin haber llegado a juicio. Los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF) sostuvieron que su muerte no podía convertir en herencia el dinero que, según la acusación, provenía de extorsiones a constructoras y de los negocios de la tribuna.

La diferencia entre ambos fallos no está en los jueces, sino en la imputación. El Pájaro Cantero estaba acusado de asociación ilícita. Bracamonte, de lavado de activos. El artículo 305 del Código Penal, incorporado en 2011, permite decomisar bienes sin condena cuando el imputado murió o está prófugo, pero solo para los delitos contra el orden económico y financiero. Sin una causa por lavado, esa herramienta no existe.
Una justicia que no miraba el dinero
Que la herramienta exista desde hace quince años y que en Rosario recién ahora se use en un caso de este peso dice bastante sobre las prioridades de los Tribunales.
El decomiso es una pena accesoria. Llega al final, cuando hay condena, y muchas veces ni siquiera entonces. En la causa de Los Monos, los acuerdos abreviados postergaron la decisión sobre el destino de los bienes. Los jueces tuvieron que aclarar después que el decomiso podía dictarse más tarde, “siempre y cuando sea en un plazo razonable”.
A mediados de 2023, en la ciudad más golpeada por el narcotráfico del país, la Justicia Federal no tenía una sola condena por lavado de dinero proveniente de la venta de drogas. Más de la mitad de las causas por drogas iniciadas en 2022 eran por tenencia para consumo o tenencia simple. Los juzgados y las fiscalías, con cargos vacantes durante años, se ocupaban de los compradores más que de las estructuras. Sin investigaciones patrimoniales no hay lavado y sin lavado no hay decomiso de las fortunas.
La causa de Bracamonte muestra el otro problema: el tiempo. La investigación empezó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en 2020. La Procelac lo denunció por lavado de activos en febrero de 2024. Hubo una disputa de competencia que llegó a la Corte Suprema y que recién en diciembre de 2025 resolvió que el caso era federal. Mientras tanto, las cautelares provinciales vencieron. El embargo sobre el Volkswagen Scirocco del hijo de Pillín caducó en marzo de 2025 y el auto se vendió en abril de este año.
Cuando hubo decomiso, tampoco hubo ejecución. En 2024, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes (Aprad) revisó qué había pasado con los inmuebles secuestrados a Esteban Alvarado y a Los Monos. Encontró que el legajo de los bienes de Alvarado estaba inmovilizado desde noviembre de 2022. Una orden para tomar posesión de propiedades de Los Monos, dictada en marzo de 2023, nunca se había cumplido.

El campo de tres hectáreas en Pérez, secuestrado a los Cantero en 2013 y decomisado en 2016, seguía ocupado por personas cercanas a la familia. Los funcionarios encontraron caballerizas y trece galgos. Lo mismo ocurría con una casa en un barrio privado de Roldán puesta a nombre de un testaferro de Alvarado. El gobierno provincial estimó el valor de esos bienes en unos dos millones de dólares.
Los depósitos judiciales contaban la misma historia. Los de avenida Francia y zona oeste, en Rosario, llegaron a acumular unos 20.000 autos cada uno y no podían recibir más. La provincia compactó casi 8000 vehículos para liberar espacio.
Frente a esa inercia, el gobierno de Maximiliano Pullaro eligió otro camino: no esperar al final de los juicios. La Aprad fue creada por la ley 13.579, aprobada en 2017 durante la gestión de Miguel Lifschitz, cuando Pullaro era ministro de Seguridad. La norma permite subastar, con autorización judicial, los bienes secuestrados que no tienen valor como prueba.
Como gobernador, Pullaro convirtió esos remates en una política visible. El primero de su gestión se hizo en abril de 2024 en el salón Metropolitano de Rosario. El 17 de octubre pasado, la provincia informó que en seis subastas recaudó 6600 millones de pesos. El último remate tuvo 224 lotes y casi 9000 inscriptos. La recaudación se destina a reparar a víctimas de delitos, a instituciones sociales y al funcionamiento de la propia agencia. La vicegobernadora Gisela Scaglia sostiene que Santa Fe es la única provincia con una ley que habilita este tipo de subastas y pide una ley nacional de extinción de dominio.
El modelo tiene críticos. La objeción central es que se venden bienes antes de que haya una sentencia, y que hubo procesos que terminaron sin condena después de que los bienes se habían dispuesto. La Constitución establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia fundada en ley. Ese mismo argumento acompaña desde 2019 al decreto de extinción de dominio que dictó Mauricio Macri, cuestionado por su constitucionalidad desde el día en que se publicó.

En la Procelac responden que el riesgo inverso es mayor: que los bienes nunca se recuperen porque el imputado muere, lo matan o la causa prescribe, o que se deterioren en un depósito durante años. Sostienen que casi nadie litiga para recuperar un bien cuyo origen no puede explicar y que, si un proceso termina sin condena, el Estado debe compensar a valor actualizado.
El fallo de Vera Barros se ubica en un punto intermedio. No es un remate anticipado ni una extinción de dominio civil. Es un decomiso dentro de una causa penal, con una prueba que los fiscales reunieron mientras Bracamonte vivía y que él discutió durante más de cuatro años. Los herederos del barra brava, a través de sus abogados, apelaron el fallo un día después.
El decomiso alcanza solo a lo que estaba a nombre de Pillín. El resto del patrimonio que los fiscales le atribuyen —19 vehículos, entre ellos un BMW M2 y cuatro Amarok, los departamentos de Dr. Vila, la casa del Lote 21 del country Los Álamos, una moto de agua y cuatro licencias de taxi— está a nombre de familiares y allegados que siguen imputados. Sobre esos bienes hay un pedido de embargo por hasta 600 millones de pesos. Su destino depende de que la causa por lavado llegue a juicio y termine con condenas. Es decir, depende de lo que en Rosario casi nunca ocurrió.